Situación actual de los contratos de conservación y la reversión de las autovías de primera generación: La perspectiva sindical desde USIC
Desde la Unión Sindical Independiente de Conservación (USIC) mantenemos una posición firme y de absoluta alerta ante el escenario de incertidumbre y paralización en el que se encuentra la red de carreteras del Estado. La reciente admisión por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de las medidas cautelares solicitadas contra el nuevo modelo de pliegos puesto en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dejado en suspenso un plan de más de 1.000 millones de euros.
En USIC, valoramos este momento crítico analizando sus distintas vertientes e implicaciones para el servicio público y los profesionales del sector:
El principal motivo que ha llevado a USIC a recurrir formalmente estos pliegos ante el TACRC radica en la protección del empleo y la subrogación justa de las plantillas.
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Deficiencias en los pliegos: Los pliegos impulsados por el Ministerio omiten y presentan graves deficiencias en el cálculo y la cobertura del coste real de la subrogación de las plantillas, limitándose en ocasiones a utilizar costes salariales teóricos o de convenio que no reflejan la realidad de los trabajadores contratados.
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Vulneración y amenaza de la estabilidad laboral: Alertamos de que varias de las licitaciones diseñadas no garantizan la subrogación del 100% de los operarios y técnicos dedicados a la conservación de la red, lo que vulnera los derechos adquiridos y amenaza la estabilidad familiar de cientos de familias en todo el territorio nacional.
USIC coincide en denunciar que la reforma en los criterios de adjudicación aprobada por el departamento que dirige Óscar Puente transforma las licitaciones en una subasta encubierta.
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Prevalencia del factor económico: Se da un peso desproporcionado al precio y a criterios puramente cuantitativos u objetivados (como meros compromisos de toneladas de mezcla bituminosa o volumen de activos), en detrimento del análisis técnico y de la calidad de la conservación.
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Riesgo para la seguridad viaria: Precarizar o primar únicamente la bajada de costes en infraestructuras viarias críticas compromete no solo las condiciones de trabajo, sino también la propia calidad de las actuaciones y la seguridad de los usuarios en la carretera.
El vencimiento de los contratos de concesión de la AP-68 y de las 11 autovías de peaje en sombra (casi 1.000 kilómetros de la red estatal) sitúa a las carreteras en una transición sin precedentes.
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Contratación de emergencia y parches de gestión: La paralización del macro contrato de conservación obliga al Gobierno a recurrir a prórrogas ordinarias y a la adjudicación de contratos de emergencia para cubrir el mantenimiento desde el primer día de reversión.
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Inestabilidad operativa: Desde USIC advertimos que trabajar mediante procedimientos de emergencia continuados o prorrogados a corto plazo genera una profunda inestabilidad laboral para los equipos de conservación y dificulta una planificación técnica seria y estructurada.
Tras la dimisión de Juan Pedro Fernández Palomino y el nombramiento de Guillermo Llopis al frente de la Dirección General de Carreteras, desde USIC exigimos a la nueva cúpula directiva una interlocución real con las organizaciones sindicales.
El nuevo Director General asume el cargo en medio de un clima de conflicto con el sector y de reestructuraciones internas en el Ministerio. Le urgimos a:
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Rectificar los pliegos de conservación: Adecuar las licitaciones para que la subrogación de los trabajadores esté plenamente garantizada en su coste e integridad.
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Priorizar el criterio técnico sobre la presión presupuestaria: Asegurar que las negociaciones sobre la “puesta a cero” de las autovías que revierten al Estado y las dotaciones de mantenimiento no se traduzcan en recortes operativos.
USIC mantendrá sus recursos ante las instancias administrativas y judiciales pertinentes hasta que se restituyan plenamente las garantías laborales de todos los profesionales de la conservación de carreteras. La preservación de una red de carreteras pública, segura y eficiente no puede lograrse recortando en derechos ni mediante pliegos que primen la adjudicación a la baja sobre la excelencia técnica y el empleo digno.